No obstante, el CERMIN advierte que es imprescindible que la justicia tenga también en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad y alerta que actualmente existen todavía muchas barreras que limitan o restringen el acceso a los recursos existentes.  

 

Según un informe realizado por Fundación CERMI Mujeres a partir de la Macroencuesta sobre Violencia de Género del año 2015, las mujeres con discapacidad sufren mayor violencia, con mayor intensidad y más duraderas en el tiempo que las mujeres que no tienen discapacidad. Asimismo, una de cada tres mujeres con discapacidad asegura haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o expareja, más del doble que las mujeres sin discapacidad (12%). 

 

Entre otras cuestiones, se defiende que los servicios de atención sean accesibles para mujeres con cualquier tipo de discapacidad (lectura fácil, sistemas aumentativos, pictogramas, braille, intérprete de lengua de signos, bucle magnético, videointerpretación, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.), así como que los profesionales del sistema judicial tengan formación sobre discapacidad, accesibilidad y buenas prácticas en la interacción con este colectivo. 

 

 

Asimismo, se denuncia la situación actual de algunas mujeres con discapacidad que por el hecho de estar incapacitadas legalmente no tienen acceso a la justicia. En este sentido, Mariluz Sanz, presidenta de CERMIN, manifiesta que “una de las principales barreras que afrontan las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia, en la línea que marca la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, es la necesidad de avanzar desde un modelo de supresión de la capacidad jurídica hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones”.  

 

Por lo tanto, CERMIN “insta a los organismos públicos a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad y luchar contra la violencia machista que sufre este colectivo”.

 

En este sentido, explica que actualmente se está trabajando en colaboración con la Comisión de género de CERMI Estatal y la Fundación CERMI Mujeres para consensuar propuestas que incorporen la perspectiva de la discapacidad, orientadas a que el Pacto de Estado contra la violencia de género sea inclusivo y tenga en cuenta las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad.